La política pública ambiental en Puerto Rico
Una mirada a los retos de las políticas ambientales y al PC.474
Imagen por Discover Puerto Rico
Según The University Of The People, la política pública es un conjunto de leyes, lineamientos y acciones decididas y tomadas por los gobiernos para trabajar a favor del público e influir en cómo se toman decisiones acerca de temas específicos que son de interés público.
El desarrollo de las políticas públicas se divide en seis etapas: Planificación; diagnóstico; formulación y adopción; promoción y difusión; implementación y seguimiento; y evaluación.
Pero, cuando hablamos sobre políticas públicas ambientales, en particular, estas buscan proteger y conservar los recursos naturales ante intereses, decisiones y acciones contraproducentes. La importancia de las políticas ambientales recae en que velan por los derechos del medio ambiente, su bien cuidado, y la armonía entre el entorno natural y la acción humana.
Sin embargo, la política pública es un mecanismo de respuesta, pero no siempre es la solución.
La política pública puertorriqueña
¿Sabías que en Puerto Rico existe una ley que exige el desarrollo de políticas públicas ambientales? La Ley 416 del 2004, conocida como “Ley sobre política pública ambiental”, tiene como propósito:
-Establecer una política pública que estimule la armonía entre la sociedad y el medio ambiente.
-Fomentar los esfuerzos que impedirían o eliminarían daños al ambiente y la biosfera, y que estimularían la salud y el bienestar de la población.
-Enriquecer la comprensión de los sistemas ecológicos y fuentes naturales importantes de Puerto Rico.
-Establecer una Junta de Calidad Ambiental.
En Puerto Rico existen más de 100 leyes dirigidas a la protección ambiental. Sin embargo, podemos observar que cada día el archipiélago experimenta diferentes violaciones a sus derechos ambientales – desde descargas tóxicas en cuerpos de aguas hasta construcciones que violentan el Plan de Uso de Terrenos.
Existe un incumplimiento sistemático de estas leyes y políticas públicas que se debe, en parte, a la falta de supervisión, seguimiento y continuidad. Es decir, no hay un compromiso ni responsabilidad observable para llevar a cabo las leyes que, además, carecen de continuidad por cambios de administraciones. Estas se conocen como “leyes muertas”.
Por otro lado, mucha de la legislación ambiental de Puerto Rico falla en cumplir con el ciclo de la política pública, en particular con la etapa de implementación y seguimiento. Lo que nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde funcionan las políticas públicas?
Un ejemplo de esto es la Ley 550 de 2004, conocida como “Ley para el Plan de Uso de Terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
El Plan de Uso de Terrenos pretende, en parte, “darle valor a Puerto Rico identificando los terrenos según su valor patrimonial, ecológico, agrícola, de paisaje y rural o urbano”, según la Junta de Planificación. El mismo tiene como propósito:
–Preservar y proteger los recursos naturales, arqueológicos o agrícolas, los suelos rurales, y los ambientalmente sensitivos de los efectos adversos de la construcción; y
–Asegurar una calidad de vida deseable en las ciudades, comunidades y vecindarios de forma sostenible y justa.
Sin embargo, podemos ver que muchas veces el plan no se sigue. Lo hemos visto en las construcciones ilegales en la playa de Los Almendros en Rincón, la Bahía de Jobos en Salinas, la playa de Ocean Park en Santurce y demás.
En Puerto Rico, no se trata sobre una falta de políticas públicas para atender los retos y las problemáticas ambientales que atraviesa el país, pues de estas sobran. En vez, se trata de una necesidad de compromiso y seguimiento para correctamente manejar los bienes naturales que guarda el archipiélago y, a su vez, velar por el bienestar del pueblo.
Los problemas y las preocupaciones ambientales no se resuelven con la creación de políticas; también requieren acciones consistentes y persistentes que encaminan a su realización – al verdadero cambio.
Políticas públicas ambientales recientes
No obstante, alguna de las políticas públicas ambientales más recientes en Puerto Rico que se han aprobado o están en proceso de aprobación son:
–Ley 51 de 2022: Conocida como “Ley para prohibir el expendio y utilización de plásticos de un solo uso en todo establecimiento comercial, de venta y distribución autorizado a realizar negocios conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, esta prohíbe el expendio y utilización de la mayoría de los plásticos de un solo uso en todo establecimiento comercial, de venta y distribución autorizado a realizar negocios. La Ley 51-2022 entrará en vigor en el verano del 2024.
–PC 474 de 2022: Este proyecto pretende crear la “Ley de Legitimación Activa Ambiental” que tiene como objetivo otorgar legitimación activa a cualquier persona u organización para hacer valer la política pública ambiental de Puerto Rico. Es decir, otorgar legitimación activa para defender el ambiente en los tribunales. El Gobernador Pedro Pierluisi tiene hasta el domingo, 18 de diciembre de 2022 para convertir esta medida en ley.
Para apoyar este proyecto de ley, puedes debes comunicarte en o antes del 18 de diciembre de 2022 con La Fortaleza, llamando al (787) 721-7000 y solicitando al gobernador que firme el PC 474 para la creación de la “Ley de Legitimación Activa Ambiental”.