A Puerto Rico le urge emprender iniciativas que lo coloquen a la vanguardia en los procesos de construcción y otras actividades económicas que armonicen la planificación acertada, el desarrollo sostenible y el fomento de la inversión.
La agenda gubernamental para adelantar esos objetivos debe ser fruto de procedimientos ponderados, basados en información técnica y científica certera sobre el valor ecológico, agrícola, comercial e industrial de los terrenos en la isla.
En ese sentido, la Junta de Planificación debe atender las inquietudes de organizaciones empresariales, ecologistas y comunitarias que se muestran inconformes con el manejo de los procesos para la aprobación del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos 2020.
Un esfuerzo de tanta envergadura debe estar enmarcado en un proceso de evaluación transparente y mesurado que garantice la participación amplia de las organizaciones empresariales, ambientalistas y comunitarias.
El reglamento bajo evaluación -un documento de 957 páginas segmentadas en 12 tomos- cambiaría reglas de planificación y uso de terrenos para sustituir un documento similar aprobado en 2019, pero invalidado por dictamen del Tribunal de Apelaciones. Aunque se trata de un documento técnico y legal voluminoso, se estableció un término de 30 días para las consultas públicas finales antes de considerar su aprobación.
Decenas de organizaciones catalogan de insuficiente el periodo de audiencias, efectuadas además de forma virtual debido a la pandemia del COVID-19. Ha trascendido que problemas técnicos han impedido la adecuada comunicación a distancia. La interacción es esencial para poder considerar adecuadamente los distintos argumentos, como por ejemplo, los señalamientos de que ciertas disposiciones propuestas chocan con leyes vigentes.
Las inquietudes de sectores interesados aluden, además, a la importancia de garantizar que nuevas disposiciones del reglamento no se traduzcan en trámites burocráticos más complejos y onerosos para emitir licencias o certificaciones sobre el uso de terrenos y las operaciones industriales, comerciales, entre otras. Coincidimos en que simplificar los procesos no obliga a sacrificar controles justos y necesarios.
También se llama a la cautela ante posibles cambios de zonificación establecidos tras años de importantes investigaciones técnicas que procuran la protección ecológica.
El nuevo reglamento que se adopte debe agilizar permisos tomando en consideración el perfil de los terrenos y los usos propuestos. Ello fomenta las iniciativas viables que benefician a las comunidades.
La trascendental gestión que está en manos de la Junta de Planificación debe producir un reglamento sencillo y confiable que promueva la estabilidad de sectores productivos que por décadas aportan a la economía del país y que, al mismo tiempo, brinde certezas a nuevos inversionistas.
Bien diseñado y ejecutado, el reglamento debería constituir una herramienta crucial para impulsar la recuperación isleña. Ayudaría a superar la aguda crisis fiscal que se refleja en indicadores de competitividad como los del informe “Ease of Doing Business”, que coloca a Puerto Rico en la posición 143 entre las 148 jurisdicciones evaluadas.
Parece existir consenso en torno a la propuesta para un permiso único ajustado al tipo de actividad presentada por las partes interesadas. Parte del reto es velar por que las regulaciones protejan zonas de valor ecológico, agrícola o de otro tipo. Igualmente importante es facilitar la continuación de operaciones comerciales o industriales.
La emisión del nuevo reglamento debe responder a la misión de la Junta de Planificación, que adopta como principios fundamentales una economía competitiva, el ambiente sano y el mejoramiento de la calidad de vida. Además, debe cumplir con la cultura organizacional prometida por la agencia que destaca “garantizar un ambiente de confianza, transparencia, con énfasis en actitudes de una acción sensible que fomente el desarrollo balanceado y sostenible de Puerto Rico”.
La Junta tiene la responsabilidad de garantizar que, en el proceso de formulación del reglamento, priman la transparencia y la receptividad a planteamientos que abonan a la sostenibilidad del país. El fruto debe ser la confianza de que el balance de los mejores beneficios para Puerto Rico está protegido.
Publicado en: El Nuevo Día, el 29 de Septiembre de 2020
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