Una amenaza hacia el medio ambiente boricua y bienestar del pueblo
Imagen de Perry & Co. – Sotheby’s International Realty
El manejo y uso de terrenos en Puerto Rico ha sido tema de debate por muchos años. En un país con abundantes bienes naturales, un gran potencial turístico y exenciones de impuesto para extranjeros, el mal uso y explotación de terrenos se ha convertido en una de las principales amenazas ambientales para el archipiélago boricua.
En 2015, La Junta de Planificación (JP) aprobó el Plan de Uso de Terrenos para Puerto Rico que, según la Guía Rápida al Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, tiene como objetivo “establecer política pública sobre la ordenación del territorio que permita maximizar el potencial del suelo de Puerto Rico dentro de un marco que garantice la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible”.
Pero, ¿sabías que existe otro documento que dicta cómo se utilizan los terrenos en Puerto Rico? Este se llama el Reglamento Conjunto (RC).
También producto de la JP, el Reglamento Conjunto regula el uso de terrenos y el otorgamiento de permisos que inciden sobre la planificación y el uso de territorios en el país. En 2010 se aprobó y se puso en vigor el primer RC. Luego en 2015 se le hicieron enmiendas, pero fue declarado nulo por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se redactaron dos versiones más del RC, en 2019 y 2020, ambos también declarados nulos por el Tribunal Supremo.
Este año, la JP sometió un borrador para un nuevo Reglamento Conjunto (RC-2022), pero el mismo cuenta con mayores cambios que alterarían la zonificación de Puerto Rico y la manera en que se otorgan permisos para el uso de terrenos. Esta edición del Reglamento permitiría que el Estado tenga mayor poder sobre los municipios (incluyendo aquellos autónomos) y comunidades.
Cambios radicales para todo Puerto Rico
El documento consta de 983 páginas que incluye 7,736 enmiendas o 4,143 cambios. De acuerdo con ¡Ey! Boricua, los cambios más amenazantes que propone el RC-2022 son:
-Cambios en la calificación vigente de los municipios sin seguir el debido proceso de ley previamente establecido por la JP; y cambios en los códigos municipales y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017).
-El cambio de todos los distritos de calificación vigentes en Puerto Rico por unos nuevos, los cuales permitirían mayor uso de los que ya permite el Plan de Usos de Terrenos del 2015.
-Alteración de la planificación vigente sin llevar a cabo un proceso de planificación y participación requerido por ley.
Consecuencias inminentes
Del RC-2022 ser aprobado, sin duda los cambios serían vigentes de inmediato. La construcción de nuevas estructuras, degradación del ambiente y el desplazamiento de comunidades serían rampantes.
Según ¡Ey! Boricua, el nuevo Reglamento permitiría que zonas agrícolas protegidas, por ejemplo, se conviertan en fincas para placas solares. También permitiría la construcción de urbanizaciones, centros comerciales, hoteles y demás en los terrenos aledaños a El Yunque, el único bosque tropical con designación del Servicio Forestal Federal de los Estados Unidos. Además, permitiría construcciones costeras que hoy son ilegales, como aquellas actualmente investigadas en Salinas.
Además, el RC-2022 facilitaría que en cualquier urbanización cerrada de baja intensidad poblacional se permita la construcción de hoteles o apartamentos para alquiler a corto plazo (Airbnb), iglesias y otras infraestructuras sin necesidad de avisar a la comunidad ni evaluaciones de contexto y análisis de impactos.
El Reglamento afectaría el 78% de la población de Puerto Rico que vive en urbanizaciones de baja densidad poblacional, según ¡Ey! Boricua.
Sin duda, este reglamento provocaría un aumento en la tasa de desplazamiento local, así como la urbanización desmedida en una isla que cada día sufre más de la degradación de sus recursos naturales y los efectos del cambio climático.
¿Quiénes se beneficiarían de este Reglamento?
En Puerto Rico, no es cosa extraña que el “progreso” del país sea a costa del bienestar del pueblo y medio ambiente.
El RC-2022 no es excepción de esto, pues quienes se beneficiarían de este Reglamento serían aquellas personas y entidades que buscan lucrarse de la combinación de bajos costos, bajos controles y un “paraíso”.
Algunos de los grupos que se beneficiarían de este nuevo Reglamento serían constructores y contratistas; empresarios; beneficiarios de la Ley 22; grandes empresas que desean expandir; y demás.
El Reglamento Conjunto 2022 es una de muchas maneras en que el Estado prioriza el mal llamado “desarrollo” antes que darle la importancia y valoración que amerita el medio ambiente y la población, elementos vitales para un verdadero progreso.
La fecha límite para someter comentarios a la Junta de Planificación es el próximo 20 de enero de 2023. Estos se considerarán comentarios oficiales y pueden ser emitidos a través del correo electrónico de la JP: comentariosjp@jp.pr.gov. Recuerda indicar que los comentarios son respecto al borrador del reglamento Conjunto 2022.
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